José Granados Fernández
@JoseGranadosF

Con base en el informe periodístico de Emisora Atlántico y Zona Cero.com, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar disciplinaria en el Concejo de Sitionuevo, Magdalena, sobre presuntas irregularidades como la entrega y ofrecimiento de millonarias prebendas para que le aprobaran al alcalde la contratación de una concesión por 12 mil millones de pesos a 20 años.

El procurador Provincial de Barranquilla, Ricardo Valdivieso Salguero, al amparo de normas establecidas en la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, inició el proceso de oficio.

El pasado martes, Emisora Atlántico y Zona Cero.com dieron a conocer posibles irregularidades cometidas por la mayoría de los cabildantes del ribereño poblado magdalenense al tramitar el Acuerdo 003 del 27 de octubre pasado, mediante el cual le concedieron facultades al mandatario José Gómez Meléndez para “comprometer vigencias futuras excepcionales” de 2019 a 2038 con el propósito de financiar a través de una concesión la construcción, operación y mantenimiento de obras de la malla vial, escenarios recreativos y parques.

En una discusión acalorada, que quedó grabada en un video, el concejal liberal Jaime Rosales Escorcia le dijo a su colega de Cambio Radical Elkin Aristizábal Zuluaga, quien se opone a la concesión, que “lo mismo que ha cogido usted, queremos hacer nosotros” y le espetó que no sabe por qué habla de que tiene las manos limpias si “el alcalde a usted le ha dado y a mí me ha dado”. En la discusión, una de las concejales, que también vociferaba en favor de la concesión, ratifica que el mandatario municipal les ha dado prebendas “a todos” los concejales.

Después de la discusión, el cabildante Elkin Aristizábal denunció, en entrevista con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, que a él lo llamaron para “ofrecerme 9 millones de pesos”, para que firmara la autorización al alcalde; dijo que como no aceptó le aumentaron el precio del soborno y sostuvo que, incluso, “después me llamó un compañero… que si iba a venir o no (a una reunión) porque ya iban a entregar los recursos, entonces le dije que no estaba de acuerdo con el proyecto”.

Aristizábal aseguró que la plata del soborno “la ofrecieron antes del proyecto”. El cabildante sostuvo que quien lo contactó fue una mujer ligada con la futura empresa contratista. Al respecto, en Sitionuevo aseguran que ya está escogido el concesionario sin que hayan abierto la licitación pública que se necesita en este caso.

Al iniciar las indagaciones sobre estos hechos, el procurador considera que la publicación periodística, con la exposición de los hechos y un video, da a conocer elementos que “aportan credibilidad de la presunta infracción” cometida en Sitionuevo.

En sus consideraciones, Valdivieso señala que abre las pesquisas por ser competente para adelantar las acciones disciplinarias respectivas, con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

El Procurador Provincial deberá determinar si, además de los presuntos sobornos y ofrecimientos de dinero, hubo irregularidades en el trámite del Acuerdo 003, pues en Sitionuevo afirman que el Concejo no sesionó en extras y que la autorización al alcalde José Gómez se habría acordado en una licorera al norte de Barranquilla, con la presunta entrega de 12 millones de pesos a cada concejal que dio el sí a la concesión, por la que en 20 años el municipio pagará más de $50 mil millones.

El Ministerio Público ordenó practicar 15 pruebas en el Concejo de Sitionuevo, entre ellas requerirá que le entreguen las actas y audios de las sesiones en las que fue tramitado el Acuerdo 003; pedirá el informe técnico con base en el cual sustentaron la autorización de la concesión; exigirá el certificado de capacidad de endeudamiento del Municipio y llamará a declarar bajo juramento al concejal Elkin Aristizábal.

Las diligencias disciplinarias iniciales le fueron encomendadas al funcionario de la procuraduría Ronaldo Santos Gamarra.